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Uno de los frentes de la campaña para el próximo año es el tema de la corrupción. Casi todas las toldas con deseos de llegar a la presidencia o al legislativo han hecho una mención especial a este tema, y la de Juan Manuel Galán no se ha quedado atrás. Este lunes dio a conocer dos de sus principales propuestas en este rubro.
Para el miembro de la Coalición de la Esperanza, y quien sería una de las cabezas del Nuevo Liberalismo, se deben acabar con los “llamados cupos indicativos. Para este, bajo la excusa de que es una partida que los congresistas pueden administrar para obras a favor de sus regiones, se abre la puerta a la mermelada.
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A consideración del precandidato, debe evitarse las “partidas globales de donde salen la mermelada, los cupos indicativos y los contratos que usan algunos congresistas, no todos, para pagar favores de financiación de campaña a contratistas de obra pública”. Por eso su propuesta va enfocada a que el presupuesto se apruebe de forma desagregada, definiendo a qué va cada rubro, y no en bloque.
Además de esta propuesta, que tendría efecto como el presupuesto general, que actualmente se está votando en el Congreso en su versión para 2022, el plan de Galán va enfatizado en poner en cintura el cabildeo. Según el candidato, debe haber “claridad y unas reglas de juego transparentes sobre el papel de cabildantes o lobbistas, cuya presencia es tan común en las instalaciones del Congreso cuando tramitan proyectos como el presupuesto de inversión o la reforma tributaria.”.
En este sentido señaló que estas dos propuestas son importantes para reformar el Congreso. Sin embargo, hizo mayor énfasis en que la renovación pasa por las elecciones del próximo año. Este señaló que se deben “elegir candidatos idóneos, íntegros, con capacidad de trabajo y servicio público, como paso fundamental en la renovación de las instituciones que reclama hoy el país”.
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Además de Galán, la propuesta de ponerle un coto al cabildeo ha sido una insistencia de sectores como la Alianza Verde. La senadora Angélica Lozano ha radicado en las últimas legislaturas iniciativas en las que ha buscado reglamentar esta práctica en la que grandes empresas y sectores económicos influyen en la confección de las leyes.